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El vicepresidente de la Junta de Andalucía reclama que ambos cuerpos sean reconocidos como profesión de riesgo.
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La protesta se produjo después de que Interior paralizara las negociaciones sobre las condiciones de jubilación, y los representantes fueron desalojados durante la noche.
El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «dejar tirados» a los policías nacionales y guardias civiles después de que representantes de ambos cuerpos protagonizaran un encierro en la sede del Ministerio del Interior para reclamar una jubilación digna.
Sanz expresó su apoyo a los agentes y defendió que merecen respeto, reconocimiento y protección por el trabajo que realizan. También reiteró la posición del Partido Popular, que reclama que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean reconocidas oficialmente como profesiones de riesgo.
La reacción del dirigente andaluz llega en medio del malestar de los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que consideran que las conversaciones mantenidas durante los últimos meses no han dado respuesta a sus principales demandas.
Un encierro tras el bloqueo de las negociaciones
La protesta comenzó el martes 27 de octubre en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, en Madrid. Los representantes de las organizaciones convocantes decidieron encerrarse después de una reunión que terminó sin acuerdo sobre las condiciones de jubilación de ambos cuerpos.
Los participantes calificaron la movilización de pacífica e indefinida y reclamaron compromisos concretos que garanticen mejoras en sus condiciones laborales y de retiro. También pidieron que las medidas acordadas tengan respaldo jurídico para evitar que queden pendientes de futuras decisiones políticas.
Sin embargo, el encierro no se prolongó durante la noche. Los representantes fueron desalojados por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional, después de que la protesta se mantuviera durante varias horas en las dependencias del Ministerio del Interior.
Qué reclaman policías nacionales y guardias civiles
Las organizaciones profesionales exigen avances en las condiciones de jubilación y reclaman que se reconozca la peligrosidad de su trabajo. Consideran que las características de sus funciones justifican medidas específicas que tengan en cuenta los riesgos y las exigencias de la actividad policial.
Entre sus principales reivindicaciones se encuentran:
- El reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo.
- Mejoras en las condiciones de jubilación de ambos cuerpos.
- Compromisos concretos y con respaldo jurídico.
- Medidas que permitan reducir las diferencias que denuncian respecto a otros cuerpos policiales.
Los representantes sindicales sostienen que llevan meses negociando con el Ministerio del Interior sin obtener una solución definitiva. Por ello, decidieron intensificar las movilizaciones después de conocer que la mesa de negociación quedaba paralizada.
Interior atribuye la paralización al calendario electoral
El Ministerio del Interior ha explicado que la convocatoria de elecciones generales impide seguir avanzando por el momento en las negociaciones sobre la jubilación de policías nacionales y guardias civiles.
El departamento sostiene que ha trabajado para mejorar las condiciones de ambos colectivos y ha recordado que ya se han celebrado varias reuniones técnicas para estudiar posibles medidas. También ha manifestado su disposición a retomar el diálogo y continuar el proceso en la próxima legislatura.
Las organizaciones profesionales, sin embargo, consideran insuficiente esta respuesta y reclaman que las mejoras no queden supeditadas a la formación del próximo Gobierno.
El desacuerdo se centra tanto en el reconocimiento de la profesión de riesgo como en la necesidad de concretar medidas que tengan efectos reales sobre las condiciones de retiro de los agentes.
La polémica política aumenta la presión sobre el Gobierno
Las declaraciones de Antonio Sanz se suman a las críticas de otros representantes políticos que han mostrado su apoyo a los policías nacionales y guardias civiles tras el encierro.
El dirigente andaluz ha insistido en que el reconocimiento de ambos cuerpos como profesiones de riesgo debe formar parte de las medidas destinadas a mejorar sus condiciones laborales y su jubilación.
Por ahora, el Ministerio del Interior mantiene que las negociaciones podrán retomarse en la próxima legislatura, mientras que las organizaciones profesionales reclaman una respuesta concreta a sus demandas.
El conflicto continúa abierto y su evolución dependerá de si las partes consiguen reanudar el diálogo y acordar medidas que satisfagan las reivindicaciones de los agentes.
