- Cinco familias han denunciado presuntos abusos sexuales a sus hijas, de entre tres y cuatro años, en un colegio rural agrupado de la provincia de León.
- Las menores habrían señalado a un alumno de 11 años como presunto responsable de los hechos, que supuestamente se producían durante los desplazamientos en autobús y los periodos de recreo.
- La Junta de Castilla y León ha confirmado que ha adoptado medidas preventivas y ha reforzado la vigilancia en el centro, mientras se esclarecen las circunstancias de lo ocurrido.
El caso afecta a alumnas de Educación Infantil del CRA Emilio Alonso, situado en Carbajal de la Legua, en el municipio leonés de Sariegos. Las familias acudieron a la Guardia Civil para denunciar los hechos después de conocer los relatos de sus hijas y observar cambios en su comportamiento.
Las denuncias apuntan a situaciones que se habrían producido durante la franja del mediodía y primeras horas de la tarde, coincidiendo con el transporte escolar, el comedor y el recreo posterior. Las niñas tienen entre tres y cuatro años y el alumno señalado, 11.
Cinco familias han presentado denuncias
Según la información trasladada por las familias, varias menores habrían relatado situaciones similares y señalado al mismo alumno. Los progenitores decidieron acudir a las autoridades después de detectar comportamientos que les preocuparon, como miedo a regresar al colegio, episodios de llanto y problemas para dormir.
Las familias sostienen que los hechos podrían haberse producido en distintos espacios vinculados a la actividad escolar, entre ellos el autobús y las zonas de recreo. No obstante, las circunstancias concretas continúan pendientes de esclarecimiento y las acusaciones no constituyen una resolución judicial sobre lo sucedido.
El caso ha generado una profunda preocupación entre los padres, que reclaman garantías de protección para las niñas y explicaciones sobre las actuaciones realizadas por el centro y la Administración educativa.
La Fiscalía de Menores no puede exigir responsabilidad penal al alumno
Uno de los aspectos más delicados del caso es la edad del menor señalado. Al tener 11 años, se encuentra por debajo de los 14 años, límite mínimo establecido en España para exigir responsabilidad penal conforme a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.
La Fiscalía de Menores de León habría archivado su expediente al no poder actuar penalmente contra un niño de esa edad y habría trasladado la documentación a la Unidad de Intervención Educativa de la Junta de Castilla y León para que se valoren las actuaciones que correspondan desde el ámbito educativo.
Esto no significa que las denuncias queden sin posibilidad de respuesta ni que no puedan adoptarse medidas de protección. La intervención de la Administración educativa y los mecanismos de protección de la infancia pueden seguir adelante, aunque no exista responsabilidad penal del menor señalado.
La Junta refuerza la vigilancia y adopta medidas preventivas
La Consejería de Educación ha asegurado que su prioridad es garantizar la seguridad y la protección de todos los menores implicados. Según ha comunicado, se han adoptado medidas preventivas de separación y se ha reforzado la vigilancia en el centro, bajo el seguimiento de la Inspección Educativa.
La Administración autonómica también ha indicado que los hechos continúan en fase de esclarecimiento y que cualquier actuación adicional deberá ajustarse a la normativa vigente, respetando la confidencialidad y los derechos de los menores.
Entre las medidas comunicadas figura el refuerzo de la supervisión durante los periodos de recreo y la adopción de medidas específicas relacionadas con el transporte escolar. El centro también ha puesto en marcha actuaciones internas para investigar lo ocurrido conforme a sus normas de convivencia.
Las familias reclaman protección y respuestas
Los padres de las niñas han expresado su preocupación por la situación y reclaman información sobre el procedimiento abierto y las medidas que se van a mantener para evitar que puedan repetirse situaciones similares.
Su principal demanda es que las menores reciban la protección y el acompañamiento necesarios y que se esclarezca lo sucedido. La corta edad de las niñas añade especial sensibilidad al caso y hace que las familias reclamen una respuesta coordinada entre el colegio y las autoridades educativas.
Por el momento, la Junta ha confirmado el refuerzo de las medidas preventivas, mientras que las actuaciones para aclarar los hechos continúan. La evolución del expediente educativo será determinante para conocer qué decisiones se adoptan finalmente en el centro.
