La magistrada que instruye la causa contra Núcleo Nacional ha ordenado la paralización total de las actividades de la organización y el cierre de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid. La resolución incluye también el bloqueo de los contenidos digitales de sus perfiles en redes sociales, después de la operación policial que se saldó con 14 detenidos.
La investigación judicial contra Núcleo Nacional da un nuevo paso con la adopción de medidas cautelares que afectan directamente al funcionamiento de la organización. La jueza ha decretado el cese total de sus actividades y el cierre de los locales que el grupo mantiene en Madrid, Burgos y Valladolid.
La decisión alcanza también a su presencia en internet, ya que contempla el bloqueo del contenido digital de los perfiles de la organización en redes sociales. Se trata de medidas acordadas en el marco de las diligencias abiertas contra sus integrantes, después de la operación policial desarrollada el pasado viernes en varias provincias españolas.
La resolución supone una restricción de la actividad pública y organizativa de Núcleo Nacional mientras continúa la investigación judicial.
Catorce detenidos en una operación en siete provincias
La medida llega después de la operación de la Policía Nacional del pasado 6 de noviembre, en la que fueron detenidas 14 personas vinculadas a Núcleo Nacional. El dispositivo se desarrolló en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante, y estuvo coordinado por la Comisaría General de Información.
Durante la intervención se practicaron diez registros, entre ellos en la sede central de la organización en Madrid y en distintos domicilios. Entre los arrestados figuraban personas señaladas como integrantes de la cúpula del grupo.
La investigación se inició a raíz de unos altercados ocurridos en febrero en las inmediaciones del colegio La Inmaculada de Gijón, donde varios jóvenes denunciaron haber sufrido agresiones. Las diligencias quedaron bajo la dirección de un juzgado de instrucción de la ciudad asturiana.
Medidas cautelares para los investigados
Tras pasar a disposición judicial, diez de los detenidos quedaron en libertad con medidas cautelares. La magistrada acordó para ellos la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado, todos los viernes.
La investigación contempla posibles delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas. Durante los registros se intervinieron distintos objetos considerados prohibidos, entre ellos puños americanos y pistolas táser.
Estas calificaciones tienen carácter provisional y deberán concretarse durante la instrucción. La adopción de medidas cautelares no supone por sí misma una condena de los investigados.
La investigación continúa abierta
El cese de actividad, el cierre de las sedes y el bloqueo de los perfiles digitales se enmarcan en las medidas judiciales adoptadas durante la investigación. Su alcance limita la capacidad de la organización para mantener sus actividades presenciales y su comunicación a través de los canales digitales afectados.
La decisión no debe confundirse con una sentencia firme de disolución de la organización ni con una condena penal de sus integrantes. El procedimiento continúa en fase de investigación y será la autoridad judicial la que determine, a partir de las pruebas reunidas, las posibles responsabilidades.
