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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este jueves la vivienda de José Luis Ábalos en Valencia por orden del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo.
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Durante el operativo, los agentes también han tomado declaración a Andrea de la Torre, pareja del exministro, que se encontraba en el domicilio y ha sido interrogada en presencia de un abogado.
La actuación se enmarca en una nueva pieza separada de la investigación, declarada secreta por el magistrado Ismael Moreno, después de que la UCO entregara un nuevo informe policial. El juez acordó abrir esta línea de investigación a comienzos de semana, aunque por el momento no se ha hecho público el contenido del documento ni los hechos concretos que han motivado las diligencias.
Una nueva línea de investigación bajo secreto
El registro de la vivienda forma parte de un operativo desplegado desde primera hora de este jueves y en el que también participa la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación continúa en la Audiencia Nacional y aborda distintas ramificaciones del caso Koldo, entre ellas las presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública durante la etapa en la que Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes.
Al encontrarse esta nueva pieza bajo secreto, no han trascendido los elementos que buscan los investigadores ni el alcance exacto de las actuaciones practicadas en el domicilio. Tampoco se han hecho públicos detalles sobre el contenido de la declaración de la pareja del exministro.
Ábalos cumple condena por la rama de las mascarillas
José Luis Ábalos se encuentra en prisión tras la condena dictada por el Tribunal Supremo en la parte del caso Koldo relacionada con los contratos de mascarillas durante la pandemia. Su antiguo asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama también fueron condenados en ese procedimiento.
La nueva operación de la UCO corresponde, sin embargo, a otra pieza de la investigación que continúa en la Audiencia Nacional. Entre las líneas que se siguen en este procedimiento figuran las presuntas irregularidades en contratos de obra pública y otras posibles actuaciones relacionadas con la trama.
Por ahora, el secreto de las diligencias impide conocer el alcance de esta nueva investigación y las posibles consecuencias judiciales que pueda tener.
