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El inspector jefe Lorenzo Juan Fages declaró ante la Audiencia Nacional que intentó frenar la entrada masiva de migrantes por el Tarajal, pero el teniente coronel Miguel Lobo defendió mantener abierta la puerta para evitar un posible aplastamiento.
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La jueza María Tardón investiga las decisiones adoptadas durante la crisis del 30 de julio y las circunstancias que precedieron a la llegada de miles de personas.
La entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio estuvo marcada por un desacuerdo operativo entre responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre cómo responder a la llegada de miles de personas a través de la frontera del Tarajal. El inspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages defendió cerrar una de las puertas del paso fronterizo para tratar de contener el avance, mientras que el teniente coronel de la Guardia Civil Miguel Lobo se opuso a mantenerla cerrada por el riesgo de que la multitud quedara atrapada y se produjeran aplastamientos.
Ambos mandos comparecieron este lunes ante la Audiencia Nacional como testigos en la investigación que dirige la jueza María Tardón. Sus declaraciones han permitido conocer con mayor detalle las decisiones adoptadas durante aquella jornada, las dificultades para controlar el flujo de personas y las diferencias entre los dos cuerpos policiales sobre la forma de gestionar la emergencia.
Según el testimonio de Fages, cuando llegó a la zona se encontró con una gran cantidad de personas que avanzaban hacia territorio español. El inspector consideró que cerrar la puerta podía ayudar a detener la entrada y trató de impulsar esa medida. Sin embargo, la Guardia Civil defendió mantener abierto el acceso, al entender que bloquearlo podía generar una acumulación peligrosa de personas.
El teniente coronel Miguel Lobo asumió ante la magistrada la responsabilidad de esa decisión. Según su declaración, el temor era que un cierre provocara un tapón humano, con riesgo de aplastamiento, o que algunas personas intentaran entrar por el agua y acabaran ahogándose.
Las dos versiones reflejan el conflicto operativo que se produjo en uno de los momentos más delicados de la crisis fronteriza. La investigación judicial deberá esclarecer cómo se desarrollaron los acontecimientos, qué alternativas tenían los agentes y si las decisiones adoptadas se ajustaron a las circunstancias y a las competencias de cada cuerpo.
El inspector jefe de la Policía defendió cerrar la puerta
Lorenzo Juan Fages, entonces responsable de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Ceuta, explicó ante la jueza que recibió una llamada alertando de una entrada masiva de personas por la playa del Tarajal. Según la información publicada sobre su declaración, la comunicación se produjo entre las 10.00 y las 10.30 horas del 30 de julio.
Al llegar a la frontera, el inspector se encontró con un flujo numeroso de personas que se dirigían hacia España. La magnitud de la llegada y la dificultad para controlar el movimiento llevaron al responsable policial a considerar que debía cerrarse una puerta de servicio situada en el paso del Tarajal.
Fages sostuvo que la Policía intentó frenar el avance, pero se encontró con la oposición de la Guardia Civil. Según su relato, el mando de este cuerpo le indicó que no debía cerrar la puerta debido al peligro que podía generar la acumulación de personas en el exterior.
El inspector llegó a plantear que asumía la responsabilidad de cerrar el acceso, según las informaciones difundidas a partir de fuentes jurídicas. Sin embargo, el desacuerdo entre los responsables operativos impidió que su propuesta se mantuviera.
La discusión entre ambos cuerpos se produjo en un escenario de gran presión, con numerosos migrantes tratando de entrar en la ciudad y recursos policiales limitados para controlar el flujo. Las imágenes de la jornada, incorporadas a las actuaciones policiales, reflejan parte del enfrentamiento entre los mandos en la zona fronteriza.
El testimonio de Fages también puso de relieve las dificultades que, según explicó, afrontaron los agentes desplegados. El inspector señaló que la Policía Nacional contaba inicialmente con unos 20 o 25 efectivos en la zona y que posteriormente se incorporaron refuerzos de la Unidad de Intervención Policial.
Con esos medios, los agentes tuvieron que intentar contener y canalizar una entrada que superaba la capacidad de respuesta prevista para un dispositivo ordinario. La investigación deberá determinar qué recursos estaban disponibles, cómo se distribuyeron y qué instrucciones recibieron los responsables sobre el terreno.
La Guardia Civil mantuvo su negativa por el riesgo de aplastamiento
El teniente coronel Miguel Lobo, jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta, ofreció una explicación distinta sobre la decisión de mantener abierta la puerta. El mando aseguró ante la jueza María Tardón que asumió personalmente la responsabilidad operativa y que consideró que cerrar el acceso podía provocar consecuencias más graves que mantenerlo abierto.
Según su declaración, el principal peligro era que una gran cantidad de personas quedara concentrada contra la puerta o el vallado. En una situación de presión multitudinaria, una acumulación de ese tipo puede provocar caídas, aplastamientos y dificultades para que las personas puedan salir de la zona.
El teniente coronel también señaló el riesgo de que quienes intentaban entrar en Ceuta optaran por lanzarse al agua si encontraban bloqueado el acceso terrestre. Esa posibilidad podía agravar la emergencia, especialmente para quienes no supieran nadar o se encontraran agotados.
Lobo defendió que la puerta permanecía habitualmente abierta y que la competencia operativa sobre ese punto correspondía a la Guardia Civil. Por ello, sostuvo que la decisión de mantenerla abierta estaba dentro de sus atribuciones.
El mando negó haber recibido instrucciones del delegado del Gobierno o de otros superiores para actuar de esa manera durante la entrada masiva. Según su testimonio, las decisiones operativas fueron adoptadas por él mismo a partir de la situación que observó sobre el terreno.
La declaración no significa que la decisión haya quedado judicialmente validada ni que se hayan descartado otras alternativas. Su explicación forma parte de las diligencias y deberá valorarse junto con la versión del inspector policial, las imágenes disponibles y el resto de los testimonios.
La cuestión central es determinar qué riesgos se presentaban en aquel momento, qué opciones eran viables y cómo se podía proteger tanto a los agentes como a las personas que se concentraban en la frontera.
Una frontera desbordada por la llegada de miles de personas
La entrada masiva del 30 de julio se produjo en un contexto de aumento de las llegadas irregulares a Ceuta. Según las declaraciones publicadas, los responsables policiales habían observado un incremento de los cruces a nado durante los días anteriores, aunque ninguno de los dos mandos afirmó haber recibido un aviso específico que anticipara una entrada de la magnitud que finalmente se produjo.
Fages explicó que no disponía de información previa suficiente para prever una situación de esas dimensiones. También había advertido, según las informaciones sobre su testimonio, de las dificultades para identificar a las personas que accedían de forma irregular debido a la falta de medios.
Lobo, por su parte, afirmó que no recibió una alerta concreta sobre una operación de entrada masiva. El mando sí relató que la noche anterior había observado seis embarcaciones marroquíes en la zona: dos patrulleras, dos interceptoras y otras dos embarcaciones pequeñas.
Según su declaración, comunicó la presencia de esos barcos al delegado del Gobierno. La existencia de las embarcaciones constituye uno de los elementos que la investigación trata de aclarar, aunque su presencia no demuestra por sí sola cuál era su misión ni si existía una coordinación para facilitar la entrada.
Los testimonios también difieren en algunos aspectos sobre lo que observaron respecto a la actuación de las autoridades marroquíes. El inspector policial describió a personas que, según su percepción, parecían dirigir a los migrantes hacia la zona del espigón. Lobo también declaró haber observado comportamientos de efectivos marroquíes que consideró llamativos.
Estas afirmaciones deberán contrastarse con las demás pruebas. La investigación debe distinguir entre las observaciones directas de los agentes, las interpretaciones que hicieron de ellas y las conclusiones que puedan extraerse una vez analizado el conjunto de la información.
La falta de efectivos complicó la respuesta policial
La capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad es otro de los elementos que aparecen en las declaraciones. Según el relato del inspector jefe, la Policía Nacional se encontró con una situación que desbordaba los medios disponibles inicialmente en el punto de entrada.
La incorporación posterior de efectivos de intervención permitió reforzar el dispositivo, pero la llegada de un número elevado de personas obligó a los agentes a priorizar la seguridad inmediata y tratar de canalizar el movimiento hacia zonas donde pudiera gestionarse mejor.
El teniente coronel de la Guardia Civil también describió una situación caótica y defendió que su decisión pretendía reducir el peligro para quienes se encontraban junto al acceso. La existencia de criterios diferentes entre los mandos muestra las dificultades que pueden surgir cuando varios cuerpos intervienen simultáneamente en una emergencia y deben decidir con rapidez.
La investigación deberá aclarar cómo se distribuyeron las competencias, qué comunicaciones mantuvieron los responsables y si existían protocolos aplicables a una situación de esas características. También tendrá que valorar si la información disponible antes de la entrada habría permitido reforzar el dispositivo o adoptar medidas preventivas diferentes.
No se puede concluir únicamente a partir del desacuerdo que uno de los mandos actuara de forma irregular. Para valorar las decisiones será necesario reconstruir las condiciones reales de la emergencia, el número de personas presentes, los riesgos que percibieron los agentes y las posibilidades de actuación que tenían en ese momento.
La jueza María Tardón busca reconstruir lo ocurrido
La magistrada María Tardón continúa con las diligencias para esclarecer la entrada masiva de migrantes en Ceuta y la respuesta de las autoridades españolas. Las declaraciones de los dos mandos policiales constituyen una parte relevante de la investigación porque ambos estuvieron presentes en la zona y participaron en la gestión de la emergencia.
Las comparecencias pretenden precisar qué sucedió antes de la llegada masiva, cómo se transmitió la información entre las instituciones y qué decisiones se adoptaron durante las horas de mayor presión en la frontera.
La jueza también ha citado a responsables del Gobierno de Ceuta que, según la información difundida, estuvieron presentes en las zonas afectadas o participaron en la gestión de la crisis. Entre ellos figuran Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez.
Además, están previstas declaraciones de agentes de la Policía Nacional que estuvieron de servicio en distintos momentos de la jornada. Sus testimonios pueden ayudar a completar la cronología y contrastar las versiones de los dos responsables que comparecieron este lunes.
La investigación también examina las circunstancias de la presencia de las embarcaciones marroquíes observadas la noche anterior y la posible actuación de personas que, según algunos testimonios, habrían facilitado el avance hacia Ceuta. Estas cuestiones permanecen abiertas y no deben confundirse con hechos ya acreditados judicialmente.
Un desacuerdo operativo que sigue bajo investigación
Las declaraciones de Lorenzo Juan Fages y Miguel Lobo han puesto de manifiesto que Policía Nacional y Guardia Civil mantuvieron criterios distintos sobre cómo actuar ante la entrada masiva del 30 de julio. Mientras el inspector defendió cerrar la puerta del Tarajal para tratar de contener el flujo, el teniente coronel sostuvo que mantenerla abierta era la opción menos peligrosa ante el riesgo de aplastamiento y de posibles ahogamientos.
El desacuerdo se produjo en un escenario de gran presión, con recursos limitados y sin que los dos mandos hayan reconocido haber recibido una alerta específica que anticipara una entrada de esa magnitud.
La investigación judicial tendrá que determinar si las decisiones fueron adecuadas a las circunstancias, qué información manejaban los responsables y cómo se coordinó la actuación de los cuerpos de seguridad. También deberá valorar las declaraciones sobre la presencia de embarcaciones marroquíes y la posible intervención de efectivos del país vecino.
Por el momento, los testimonios aportan versiones relevantes, pero no constituyen una resolución sobre responsabilidades. La reconstrucción completa de los hechos dependerá del contraste entre las declaraciones, las imágenes y el resto de las pruebas que se incorporen a la causa.
La actuación de los mandos en la puerta del Tarajal se ha convertido así en uno de los puntos centrales para comprender cómo se gestionó la emergencia y qué decisiones se adoptaron en un momento en el que la seguridad de las personas y el control fronterizo exigían respuestas inmediatas.
